En total fueron cinco las explosiones que atemorizaron a habitantes de los municipios de Salamanca, Celaya y Valle de Santiago, y cuatro de ellas derivaron en incendios visibles a kilómetros de distancia, por lo que unas 5 mil personas fueron desalojadas y el suministro de combustible a entidades como Aguascalientes y San Luis Potosí fue suspendido, situación que afectó a más de un centenar de industrias.
Estos incidentes no son hechos aislados; por el contrario, los percances en plantas, refinerías, buques-tanque y en la red de suministro de petróleo y gas natural de Pemex son cada vez más frecuentes. De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la paraestatal es responsable de 57 por ciento de las emergencias ambientales causadas por el derrame de sustancias peligrosas, con mil 470 desastres ecológicos consignados entre 1997 y 2001. Desde este último año hasta la fecha se han sucedido decenas de accidentes; uno de los más graves ocurrió el 22 de diciembre de 2004, cuando un oleoducto reventó y derramó 5 mil barriles de crudo al río Coatzacoalcos, en Veracruz, lo cual perjudicó al menos a 60 mil personas.
La elevada frecuencia de los incidentes se debe a la falta de inversión en infraestructura: según una investigación del Instituto Mexicano del Petróleo, más de la mitad de los 56 mil kilómetros de oleoductos se encuentra en estado deplorable. El promedio de antigüedad de los ductos es de 21 años y 60 por ciento tiene una media de vida superior a los 30 años. De hecho, la mayoría de los oleoductos más viejos están localizados en Veracruz y Tabasco, dos de las entidades que tienen más contaminación ambiental causada por Pemex: hasta 2001 se consignaron 502 incidentes en el primer estado y 391 en el segundo.
A pesar de estas señales de alerta, el gobierno federal no hace nada para mejorar las operaciones de la paraestatal. Hace tres años, el entonces director de Pemex, Luis Ramírez Corzo, informó que la empresa requería 135 mil millones de pesos para atender los rezagos en el mantenimiento de los equipos y la sustitución de instalaciones obsoletas, inversión inexistente hasta el momento. En contraste, ni el gobierno del ex presidente Vicente Fox ni la administración de Felipe Calderón han tenido la voluntad de aclarar el destino de más de 500 millones de pesos desviados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa, en 2000, caso mejor conocido como Pemexgate.
Queda claro, entonces, que el futuro de Pemex se encuentra comprometido debido a la obstinada tendencia a ordeñar a esta empresa sin tomar ninguna previsión, lo cual pone en peligro al país entero: de acuerdo con los especialistas, las reservas de petróleo, un recurso no renovable, se agotarán en un plazo de entre 20 y 30 años. De esta manera, si las autoridades no sanean la infraestructura y las operaciones de la paraestatal, México se sumergirá en una crisis energética sin precedente en la próxima generación.
