Huelva. Más de 600 kilómetros de redes, 45,5 millones de euros de inversión y 125.000 personas beneficiadas. Esas son las cifras de la red que suministrará gas natural a gran parte de la población de la Costa occidental de Huelva, el gasoducto Huelva-Ayamonte.
El proyecto de esta infraestructura está culminando los trámites administrativos tras obtener la Declaración de Impacto Ambiental y parece acercarse en el tiempo la construcción de una de las redes incluidas en el Plan Energético de Andalucía con el objetivo de hacer llegar el gas a los grandes núcleos de población, en este caso por su importancia turística y agroalimentaria. Aunque todavía carece de fecha de puesta en marcha, sí tiene periodo de ejecución, cuatro años, por lo que la actuación no será finalizada hasta la próxima década.
La empresa Gas Natural será la encargada de construir esta infraestructura, que se sumará a la conexión ya existente Huelva-Sevilla-Córdoba-Madrid. Bajo el nombre gasoducto Huelva-Ayamonte se esconde un proyecto con varias redes, la principal de ellas el gasoducto de transporte secundario propiamente dicho que transcurrirá desde San Juan del Puerto a Ayamonte, 60,2 kilómetros de recorrido en los que se invertirán 12,8 millones de euros. A partir de esta red habrá ramales de acceso a las diferentes poblaciones y de distribución interior del gas natural a partir de dos ejes. El primero de ellos, el eje Aljaraque-Punta Umbría, contempla la construcción de casi 56 kilómetros de redes con un coste superior a los seis millones de euros. De mucho mayor calibre será el eje Huelva-Ayamonte, con casi 490 kilómetros de ramales que supondrán una inversión de más de 26 millones de euros.
Esta gran red de conductos (que casi multiplicará por cuatro la actual) tendrá capacidad para abastecer a más de 125.000 ciudadanos de los municipios de la Costa. En principio, los municipios incluidos en el proyecto son Aljaraque, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría y San Juan del Puerto, aunque según fuentes de la empresa se está estudiando la inclusión en el mismo de Villablanca y la zona de El Rompido. Un buen número de vecinos de estas zonas podrán acceder de esta forma a un nuevo combustible en un proyecto que se enmarca en un convenio suscrito entre Gas Natural y la Junta de Andalucía en 2004 para fomentar el desarrollo y la diversificación energética en Andalucía, por lo que cuenta con una subvención autonómica que no afecta al gasoducto de transporte secundario y que supondrá el 20 por ciento de las inversiones realizadas hasta finales de 2008.
La ejecución del gasoducto también servirá para incrementar el número de clientes de este tipo de energía en Huelva. En la actualidad unos 75.000 onubenses consumen gas natural en una provincia que es uno de los emplazamientos estratégicos de la infraestructura gasista, con una de las plantas de regasificación por las que se introduce gas en la Península Ibérica (la de Enagás, en proceso de ampliación) y un proyecto de otra planta de regasificación, la que Villar Mir quiere instalar en los terrenos del Polígono Industria Nuevo Puerto, aunque en este caso estaría ligada a la construcción de una central de ciclo combinado para abastecer de energía eléctrica a sus industrias.
El desarrollo de la infraestructura requerirá una actuación de envergadura en el que hay que tener en cuenta el elevado número de propietarios afectados: más de 300 fincas en los diferentes municipios, en las que basándose en la declaración de utilidad pública de la misma habrá expropiaciones forzosas de los terrenos necesarios para elementos fijos en superficie y restricciones en el uso de los suelos bajo los que discurrirán las canalizaciones.
Por otra parte, el proyecto también tendrá condicionantes ambientales. Entre los más curiosos, la obligación de detectar y señalar las plantas de las especies Erica andevalensis (en peligro de extinción) y Picris willkommii (vulnerable) adoptándose medidas para garantizar la no incidencia en las mismas. Además, en la Declaración de Impacto Ambiental se establecen restricciones en el paso de vías pecuarias, se exige extremar las medidas de precaución en las cercanías de los Lugares de Interés Comunitario y se obliga a realizar un plan de restauración de los terrenos afectados.
El proyecto de esta infraestructura está culminando los trámites administrativos tras obtener la Declaración de Impacto Ambiental y parece acercarse en el tiempo la construcción de una de las redes incluidas en el Plan Energético de Andalucía con el objetivo de hacer llegar el gas a los grandes núcleos de población, en este caso por su importancia turística y agroalimentaria. Aunque todavía carece de fecha de puesta en marcha, sí tiene periodo de ejecución, cuatro años, por lo que la actuación no será finalizada hasta la próxima década.
La empresa Gas Natural será la encargada de construir esta infraestructura, que se sumará a la conexión ya existente Huelva-Sevilla-Córdoba-Madrid. Bajo el nombre gasoducto Huelva-Ayamonte se esconde un proyecto con varias redes, la principal de ellas el gasoducto de transporte secundario propiamente dicho que transcurrirá desde San Juan del Puerto a Ayamonte, 60,2 kilómetros de recorrido en los que se invertirán 12,8 millones de euros. A partir de esta red habrá ramales de acceso a las diferentes poblaciones y de distribución interior del gas natural a partir de dos ejes. El primero de ellos, el eje Aljaraque-Punta Umbría, contempla la construcción de casi 56 kilómetros de redes con un coste superior a los seis millones de euros. De mucho mayor calibre será el eje Huelva-Ayamonte, con casi 490 kilómetros de ramales que supondrán una inversión de más de 26 millones de euros.
Esta gran red de conductos (que casi multiplicará por cuatro la actual) tendrá capacidad para abastecer a más de 125.000 ciudadanos de los municipios de la Costa. En principio, los municipios incluidos en el proyecto son Aljaraque, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría y San Juan del Puerto, aunque según fuentes de la empresa se está estudiando la inclusión en el mismo de Villablanca y la zona de El Rompido. Un buen número de vecinos de estas zonas podrán acceder de esta forma a un nuevo combustible en un proyecto que se enmarca en un convenio suscrito entre Gas Natural y la Junta de Andalucía en 2004 para fomentar el desarrollo y la diversificación energética en Andalucía, por lo que cuenta con una subvención autonómica que no afecta al gasoducto de transporte secundario y que supondrá el 20 por ciento de las inversiones realizadas hasta finales de 2008.
La ejecución del gasoducto también servirá para incrementar el número de clientes de este tipo de energía en Huelva. En la actualidad unos 75.000 onubenses consumen gas natural en una provincia que es uno de los emplazamientos estratégicos de la infraestructura gasista, con una de las plantas de regasificación por las que se introduce gas en la Península Ibérica (la de Enagás, en proceso de ampliación) y un proyecto de otra planta de regasificación, la que Villar Mir quiere instalar en los terrenos del Polígono Industria Nuevo Puerto, aunque en este caso estaría ligada a la construcción de una central de ciclo combinado para abastecer de energía eléctrica a sus industrias.
El desarrollo de la infraestructura requerirá una actuación de envergadura en el que hay que tener en cuenta el elevado número de propietarios afectados: más de 300 fincas en los diferentes municipios, en las que basándose en la declaración de utilidad pública de la misma habrá expropiaciones forzosas de los terrenos necesarios para elementos fijos en superficie y restricciones en el uso de los suelos bajo los que discurrirán las canalizaciones.
Por otra parte, el proyecto también tendrá condicionantes ambientales. Entre los más curiosos, la obligación de detectar y señalar las plantas de las especies Erica andevalensis (en peligro de extinción) y Picris willkommii (vulnerable) adoptándose medidas para garantizar la no incidencia en las mismas. Además, en la Declaración de Impacto Ambiental se establecen restricciones en el paso de vías pecuarias, se exige extremar las medidas de precaución en las cercanías de los Lugares de Interés Comunitario y se obliga a realizar un plan de restauración de los terrenos afectados.
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