by Israel Rodriguez
El gobierno federal tendrá que destinar alrededor de 138 mil millones de pesos anualmente durante los próximos 12 años para cubrir el pago de principal e intereses de la deuda adquirida con particulares para ampliar la infraestructura energética, según revela el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
Este monto anual de requerimientos financieros para pagar los denominados proyectos de inversión con impacto diferido en el registro de gasto (Pidiregas) es equivalente al presupuesto conjunto del Poder Judicial y el destinado a pagar pensiones a cargo del gobierno federal.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, y a su análisis funcional programático económico, en este año se dispondrán de 115 mil 690 millones 704 mil 597 pesos para el pago de pensiones a cargo del gobierno. El mismo documento precisa que el presupuesto total del Poder Judicial para 2007 asciende a 25 mil 229 millones 513 mil 906 pesos.
El estudio elaborado por el CEFP, dependiente de la Cámara de Diputados, advierte que existirán mayores presiones de recursos fiscales para los próximos 12 años, por un monto medio anual de 138 mil 41 millones de pesos de 2007, equivalente a 16.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) para este año. Es decir, que se destinarán un billón 656 mil 492.3 millones de pesos de 2007 a cubrir en este y en el próximo periodo sexenal, para el pago de amortizaciones e intereses.
Para 2007 se estima pagar con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación unos 102 mil 29 millones de pesos, de los cuales 63 mil 481.4 millones de pesos son por amortización de los proyectos y 38 mil 547.7 millones de pesos de intereses.
El monto rebasa la deuda pública interna
De acuerdo con el amplio estudio, el endeudamiento vía Pidiregas ya asciende a 2 billones 323 mil 906.7 millones de pesos, cifra muy superior al monto total de la deuda interna del gobierno federal, excluyendo el Fobaproa, que ascendió al cierre de abril de 2007 a un billón 846 mil 442 millones de pesos.
Del monto total de endeudamiento por Pidiregas, un billón 706 mil 712.1 millones corresponden al principal de la deuda y 617 mil 194.6 millones de pesos serán por concepto de intereses por amortización. El 79.7 por ciento corresponde al financiamiento de obras para Petróleos Mexicanos (Pemex) y 20.3 por ciento para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1989-1994 se estableció como uno de sus objetivos promover el crecimiento económico y sostenido del país en favor del bienestar de la población y, para cumplirlo, se definió, entre otras estrategias, la de ampliar la inversión productiva a través de nuevos mecanismos financieros que permitieran diversificar el riesgo y el financiamiento a largo plazo, y fomentar la participación de particulares en la construcción de obras públicas, en los casos permitidos por la ley.
De acuerdo con lo anterior y para atender las necesidades crecientes de infraestructura productiva, se implementó el esquema de los Pidiregas, basados en financiamientos provenientes de inversionistas privados, donde el sector público pagaría esta inversión con recursos presupuestales, una vez recibidos los proyectos a entera satisfacción por la entidad contratante.
Abuso del financiamiento privado
Durante su construcción los gastos no impactan a las finanzas públicas porque las empresas ganadoras de las licitaciones cubren dichos gastos con recursos provenientes de financiamientos, disponibilidades propias o inventarios.
Cuando las obras están concluidas y en condiciones de generar ingresos, los proyectos se entregan a Pemex o CFE y una vez que entran en operación se inicia el pago de obligaciones a través de recursos presupuestales.
Sin embargo, algunos expertos como Víctor Rodríguez- Padilla, consultor de organismos internacionales, ha advertido reiteradamente que se ha abusado de este esquema de financiamiento, además de que resulta más caro en tres o cuatro puntos porcentuales en comparación con la contratación de créditos en los mercados internacionales. El especialista alertó que existe un aumento de los riesgos asociados a la estrategia de financiamiento basada en los Pidiregas.
Explicó que muchas de las empresas que ganan las licitaciones para la construcción de obras para Pemex o CFE no cuentan con los recursos necesarios, por lo que tienen que acudir a los mercados de capitales para obtener los recursos, situación que encarece el crédito por el exceso de intermediación.
Para 2007 se ha previsto un monto de 182 mil 264.2 millones de pesos que se destinarán a la inversión financiada, de los cuales 154 mil 870 millones de pesos se estiman para Pemex, mientras que 27 mil 393.4 millones de pesos corresponde a la inversión proyectada para CFE, que representaran 33.3 por ciento de la inversión total del sector público y 66.7 por ciento para la inversión presupuestaria.
Por su parte, el Poder Legislativo consideró que para reforzar su opinión sobre este asunto público que es de la mayor relevancia debe contar con la información suficiente para poder evaluar el impacto de los Pidiregas dentro de las finanzas públicas, por lo que es conveniente que las cifras reportadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, particularmente las que se refieren a la inversión financiada de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, presenten información objetiva.
Entre los datos que demanda el Congreso destacan el costo total de los proyectos de 1996 a sus diferentes horizontes de tiempo, explicitando el tipo de cambio peso-dólar empleado para cada año y el deflactor empleado en su caso; la tasa de interés utilizada para obtener el gasto correspondiente para cada año.
Además, la información requerida debe coincidir con los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal más reciente; así como información de los flujos de los Pidiregas, en donde se indiquen los ingresos generados por éstos a la fecha y la utilización de los recursos.
También se requiere que se precise el valor de la inversión reconocida por el sector público para su pago; así como la inversión registrada como deuda, para el presente año (Ley de Deuda Pública) y la reconocida para el largo plazo de acuerdo al total de activos entregados para la operación.
La Cámara de Diputados a través del CEFP solicitó a la Secretaría de Hacienda mayor información sobre la calidad de la inversión condicionada, esto es, se han adquirido los activos o sólo representa gasto corriente; la información acerca de la entrada en operación de las plantas, si es que estuvo de acuerdo a los calendarios y si existieron gastos adicionales.
Este monto anual de requerimientos financieros para pagar los denominados proyectos de inversión con impacto diferido en el registro de gasto (Pidiregas) es equivalente al presupuesto conjunto del Poder Judicial y el destinado a pagar pensiones a cargo del gobierno federal.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, y a su análisis funcional programático económico, en este año se dispondrán de 115 mil 690 millones 704 mil 597 pesos para el pago de pensiones a cargo del gobierno. El mismo documento precisa que el presupuesto total del Poder Judicial para 2007 asciende a 25 mil 229 millones 513 mil 906 pesos.
El estudio elaborado por el CEFP, dependiente de la Cámara de Diputados, advierte que existirán mayores presiones de recursos fiscales para los próximos 12 años, por un monto medio anual de 138 mil 41 millones de pesos de 2007, equivalente a 16.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) para este año. Es decir, que se destinarán un billón 656 mil 492.3 millones de pesos de 2007 a cubrir en este y en el próximo periodo sexenal, para el pago de amortizaciones e intereses.Para 2007 se estima pagar con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación unos 102 mil 29 millones de pesos, de los cuales 63 mil 481.4 millones de pesos son por amortización de los proyectos y 38 mil 547.7 millones de pesos de intereses.
El monto rebasa la deuda pública interna
De acuerdo con el amplio estudio, el endeudamiento vía Pidiregas ya asciende a 2 billones 323 mil 906.7 millones de pesos, cifra muy superior al monto total de la deuda interna del gobierno federal, excluyendo el Fobaproa, que ascendió al cierre de abril de 2007 a un billón 846 mil 442 millones de pesos.
Del monto total de endeudamiento por Pidiregas, un billón 706 mil 712.1 millones corresponden al principal de la deuda y 617 mil 194.6 millones de pesos serán por concepto de intereses por amortización. El 79.7 por ciento corresponde al financiamiento de obras para Petróleos Mexicanos (Pemex) y 20.3 por ciento para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1989-1994 se estableció como uno de sus objetivos promover el crecimiento económico y sostenido del país en favor del bienestar de la población y, para cumplirlo, se definió, entre otras estrategias, la de ampliar la inversión productiva a través de nuevos mecanismos financieros que permitieran diversificar el riesgo y el financiamiento a largo plazo, y fomentar la participación de particulares en la construcción de obras públicas, en los casos permitidos por la ley.
De acuerdo con lo anterior y para atender las necesidades crecientes de infraestructura productiva, se implementó el esquema de los Pidiregas, basados en financiamientos provenientes de inversionistas privados, donde el sector público pagaría esta inversión con recursos presupuestales, una vez recibidos los proyectos a entera satisfacción por la entidad contratante.
Abuso del financiamiento privado
Durante su construcción los gastos no impactan a las finanzas públicas porque las empresas ganadoras de las licitaciones cubren dichos gastos con recursos provenientes de financiamientos, disponibilidades propias o inventarios.
Cuando las obras están concluidas y en condiciones de generar ingresos, los proyectos se entregan a Pemex o CFE y una vez que entran en operación se inicia el pago de obligaciones a través de recursos presupuestales.
Sin embargo, algunos expertos como Víctor Rodríguez- Padilla, consultor de organismos internacionales, ha advertido reiteradamente que se ha abusado de este esquema de financiamiento, además de que resulta más caro en tres o cuatro puntos porcentuales en comparación con la contratación de créditos en los mercados internacionales. El especialista alertó que existe un aumento de los riesgos asociados a la estrategia de financiamiento basada en los Pidiregas.
Explicó que muchas de las empresas que ganan las licitaciones para la construcción de obras para Pemex o CFE no cuentan con los recursos necesarios, por lo que tienen que acudir a los mercados de capitales para obtener los recursos, situación que encarece el crédito por el exceso de intermediación.
Para 2007 se ha previsto un monto de 182 mil 264.2 millones de pesos que se destinarán a la inversión financiada, de los cuales 154 mil 870 millones de pesos se estiman para Pemex, mientras que 27 mil 393.4 millones de pesos corresponde a la inversión proyectada para CFE, que representaran 33.3 por ciento de la inversión total del sector público y 66.7 por ciento para la inversión presupuestaria.
Por su parte, el Poder Legislativo consideró que para reforzar su opinión sobre este asunto público que es de la mayor relevancia debe contar con la información suficiente para poder evaluar el impacto de los Pidiregas dentro de las finanzas públicas, por lo que es conveniente que las cifras reportadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, particularmente las que se refieren a la inversión financiada de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, presenten información objetiva.
Entre los datos que demanda el Congreso destacan el costo total de los proyectos de 1996 a sus diferentes horizontes de tiempo, explicitando el tipo de cambio peso-dólar empleado para cada año y el deflactor empleado en su caso; la tasa de interés utilizada para obtener el gasto correspondiente para cada año.
Además, la información requerida debe coincidir con los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal más reciente; así como información de los flujos de los Pidiregas, en donde se indiquen los ingresos generados por éstos a la fecha y la utilización de los recursos.
También se requiere que se precise el valor de la inversión reconocida por el sector público para su pago; así como la inversión registrada como deuda, para el presente año (Ley de Deuda Pública) y la reconocida para el largo plazo de acuerdo al total de activos entregados para la operación.
La Cámara de Diputados a través del CEFP solicitó a la Secretaría de Hacienda mayor información sobre la calidad de la inversión condicionada, esto es, se han adquirido los activos o sólo representa gasto corriente; la información acerca de la entrada en operación de las plantas, si es que estuvo de acuerdo a los calendarios y si existieron gastos adicionales.
www.BajaeNergyBLOG.com/Te interesa el Mundo del Petroleo y Gas
0 comments:
Publicar un comentario