EL potencial desarrollo de la industria petrolera en Cuba está en el punto de mira del embargo estadounidense.
El Departamento del Tesoro anunció que la firma PSL Energy Services (PSLES), una proveedora internacional de tecnología y servicios para la explotación petrolera, pagó una multa de $164,006 tras reconocer que entre abril y septiembre del 2004 violó las restricciones establecidas para el comercio con la isla.
Según la información divulgada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), PSLES reveló voluntariamente que habría violado las regulaciones del embargo por ``involucrarse en operaciones ilegales de exportación y reexportación de equipamiento tecnológico y servicios profesionales para la industria de hidrocarburos en Cuba''.
La portavoz de OFAC, Molly Millerwise, declinó ayer explicar los detalles del caso.
La sucursal de PSLES en Houston, Texas, remitió las preguntas de El Nuevo Herald a la sede de la compañía en Aberdeen, Escocia. Doug Duguid, director de operaciones de PSLES, declaró que la compañía no comentará sobre este asunto.
PSLES --fundada en el 2003-- fue adquirida por la multinacional Halliburton el pasado 26 de abril. El comunicado de OFAC tiene fecha del 4 de mayo, aunque no precisa si la imposición de la multa ocurrió antes o después de que Halliburton tomara las riendas de la compañía británica.
La multa de PSLES es la más alta entre las seis penalidades decretadas por el Departamento del Tesoro contra seis firmas estadounidenses que han violado las regulaciones comerciales con la isla durante el año fiscal 2007.
La medida se produce en medio de crecientes expectativas sobre la prospección petrolera cerca de las costas de la isla. La apuesta cubana en el Golfo de México comprende una superficie de 112,000 kilómetros cuadrados con 59 bloques en licitación, una veintena de los cuales han sido ya contratados por firmas como Sherritt, Repsol (España), Videsh (India), Petronas (Malasia) y PDVSA (Venezuela).
En el período fiscal anterior, OFAC había impuesto una sanción de $171,300 a Dresser-Rand Group, una poderosa firma de tecnología para la explotación de hidrocarburos. La compañía, radicada en Nueva York, vendió equipos a la Moa Nickel S.A. a través de una sucursal brasileña, entre el 2002 y el 2005.
La empresa minera Moa Nickel S.A. es propiedad conjunta del gobierno cubano y el consorcio canadiense Sherritt International, que ha realizado excavaciones petroleras en Cuba por más de una década. Por sus relaciones con La Habana, a ejecutivos de Sherritt y sus familiares se les ha negado visa estadounidense en varias ocasiones.
Algunos expertos cuestionan las represalias contra compañías privadas como PSLES, mientras firmas estatales como PDVSA y China National Petroleum (CNPC) tienen abultados negocios en la industria petrolera cubana y, al mismo tiempo, se les permite operar con sucursales en Estados Unidos.
''Me parece una gran paradoja que las compañías estatales de Venezuela y China le estén brindando tremendo apoyo económico y tecnológico al gobierno cubano, y sus filiales en territorio estadounidense permanezcan intocables'', opinó el ex ejecutivo petrolero Jorge R. Piñón, investigador principal del Centro de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos (ICCAS) de la Universidad de Miami.
Piñón mencionó que tanto PDVSA como CNPC tienen sucursales en Houston: CITGO Petroleum y Great Wall Drilling (GWDC) America. Sin embargo, las leyes estadounidenses impiden sancionar a sucursales por considerarse que las mismas no tienen autoridad sobre las decisiones de sus casas matrices.
GWDC China firmó en el 2005 un contrato para servicios de perforación en Cuba, valorado en $24 millones.
Su sucursal GWDC America opera equipos de perforación en Texas y Louisiana, en colaboración con la empresa estadounidense Andrews Technologies.
En asociación con la estatal Cuba Petróleo (CUPET), PDVSA ha automatizado el proceso productivo de la refinería de Cienfuegos, que comenzará sus operaciones el próximo enero, con una capacidad inicial de 65,000 barriles diarios. Los terrenos de la refinería cienfueguera fueron expropiados a la familia cubanoamericana Cacicedo González tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959.
El abogado Nick Gutiérrez, quien representa a decenas de familias expropiadas por el régimen castrista, afirmó que no está cruzado de brazos respecto a lo que considera una apropiación de PDVSA.
''Hemos notificado el caso al Departamento de Estado y llevaremos adelante nuestra reclamación'', declaró Gutiérrez, que no exime de responsabilidades a CITGO Petroleum.
Durante el presente año fiscal, las multas impuestas por OFAC a individuos y compañías transgresoras del embargo ascienden a $229,782. En el período fiscal 2006 las penalidades sumaron $265,270, una cifra muy inferior a los $529,000 del 2005.
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